Se trata de un impuesto municipal que grava el incremento de valor de los inmuebles de naturaleza urbana cuando se produce una transmisión. El impuesto de plusvalía municipal grava la transmisión de terrenos, no de construcciones.

 

La fórmula de cálculo de este impuesto no tiene en cuenta el precio de compraventa, ni la ganancia obtenida, sino tan solo el valor catastral del inmueble.

 

En una sentencia del 4 de febrero de este año, el Alto Tribunal ha declarado que se puede conocer el valor del terreno por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Y que sólo se recurrirá al valor catastral cuando se desconozca el valor atribuible al suelo. Es decir, deja la puerta abierta a que el contribuyente presente otro método de prueba admitido en el ordenamiento jurídico.

 

 En un caso resuelto ha dado más credibilidad a la prueba pericial aportada por el contribuyente que a la proporción del recibo catastral invocada por el ayuntamiento, que pretendía que su “método” se considerase como el único válido para estos casos, en los que es necesario determinar qué valor tiene un terreno sobre el que se ha construido. Y ello, al objeto de saber si ha existido o no, incremento de valor, y pagar o no la plusvalía municipal.

 

Se trata de una sentencia muy favorable para los contribuyentes disconformes con la cuantía que les toque pagar de plusvalía municipal, el problema está en que serán los juzgados los que deberán valorar qué método es el más justo, si el del contribuyente o el del consistorio.

 

Por tanto, el Supremo abre la puerta a revisar aquellos expedientes en los que se pensaba que ya nada se podía hacer, porque se solicitó la rectificación y ésta fue desestimada. 

 

 

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